La Xunta inicia los contactos para planificar el traslado de los órganos judiciales a la Ciudad de la Justicia de Vigo
El director general de Justicia, Juan José Martín, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, mantuvieron hoy un encuentro para abordar el traslado de las sedes actuales al nuevo edificio judicial
La Xunta comenzó esta semana las reuniones periódicas sobre la planificación del traslado de los órganos judiciales a Ciudad Justicia de Vigo, en una primera toma de contacto para abordar los diferentes aspectos que implica el traslado del mobiliario y archivos de las sedes actuales de la calle Lalín y La Gota de Leche a la nueva sede judicial.
El director general de Justicia, Juan José Martín, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, junto con responsables y técnicos de la Vicepresidencia Primera mantuvieron una reunión con el juez decano de Vigo, Germán Serrano; la fiscal jefa territorial de Vigo, Susana García-Baquero y el secretario coordinador provincial, José Tronchoni. Y próximamente con los sindicatos se mantendrá otra reunión en la misma línea.
Las obras están a punto de finalizar y se encuentran en la recta final con el amueblamiento de las plantas. Cuando finalicen las obras, la Xunta solicitará, previsiblemente a finales de enero, la licencia de primera ocupación por lo que en unos meses dará comienzo el traslado de los juzgados según la programación que se acorde con los sectores implicados.
En la nueva sede judicial serán reubicados más de 500 trabajadores judiciales de los 38 órganos, que tendrán su disposición una escuela infantil de 41 plazas para facilitar su conciliación laboral y familiar. En sus 44.000 metros cuadrados acogerá estas 38 unidades judiciales, junto con la Fiscalía de Área, las 2 secciones de la Audiencia Provincial y la subdirección del Instituto de Medicina Legal (Imelga).
Se trata de la infraestructura judicial más importante de Galicia en la que la Xunta invirtió más de 42 millones de euros y que supondrá culminar el Plan de Infraestructuras judiciales, puesto en marcha en el 2009 dotado con más de 118 millones de euros.
