EL PP RECLAMA LA ACTIVACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS TRAS UNA NUEVA INTERVENCIÓN POLICIAL EN ALFONSO X

El PP de Vigo ha vuelto a reclamar la activación de una Oficina Municipal de Ocupación Ilegal de Viviendas después de los últimos episodios registrados en la calle Alfonso X en los que se requirió de intervención policial. En este sentido, el edil popular Miguel Martín demanda al Gobierno local una mayor implicación en estos casos, pues llegan a convertirse en un “auténtico calvario” para los propietarios y los vecinos de estos inmuebles.

Advierte Martín que la situación en Vigo se está agravando, sin que los vecinos que ven usurpadas sus propiedades encuentren asesoramiento y acompañamiento municipal. Entiende, ante la proliferación de este tipo de casos en la ciudad, que son necesarias medidas que generen seguridad entre la ciudadanía ante las ocupaciones ilegales.

Pide que, al igual que han hecho otros ayuntamientos, desde el Consistorio se tomen medidas para revertir esta situación. El PP de Vigo se suma así a las demandas de los vecinos de la zona de Traviesas, con dos edificios ocupados en su totalidad (los números 4 y 6 de la calle Alfonso X) y que en los últimos meses han requerido de intervención de la Policía Local y los Bomberos en varias ocasiones. Es más, la última de estas actuaciones se saldó con la detención de un individuo que esgrimió un cuchillo durante una reyerta.

Asegura Martín que los vecinos de la zona dicen sentirse temerosos e insisten en que se trata de “personas conflictivas que viven en condiciones de insalubridad”. Algunas de ellas, afirman, “se dedican al trapicheo de drogas y a los hurtos y robos con violencia”. En opinión del edil, “estas ocupaciones ilegales condenan a las familias a no poder disponer de sus viviendas, a seguir pagando facturas y consumos de terceros y a largos y costosos procesos judiciales”.

Por tanto, defiende que es necesario que los afectados puedan contar con una oficina municipal de referencia “que podría actuar de coordinadora entre la Policía Local, las Concejalías de Bienestar Social y Urbanismo y el departamento de estadística”.

Propone que el equipo que integre la oficina se encargue de analizar, en coordinación con los servicios sociales, las situaciones individuales de las familias afectadas y de las personas ocupantes, “de manera que, en función de sus necesidades y atendiendo a los recursos disponibles, se les pudiera ofrecer algún tipo de alternativa residencial”.

Otro de los objetivos, apunta, sería evitar que “tengan la opción de empadronarse en la vivienda ocupada, consolidando así su situación e informando puntualmente al departamento de estadística de cada caso que se comunique”. Además, concluye que “para prevenir que las personas desalojadas hagan otra ocupación sería necesario hacer un seguimiento de cada caso”.