El Partido Popular de Vigo rechaza el presupuesto municipal de 2025 por “no devolver a los ciudadanos lo que recauda con impuestos”

El PP de Vigo ha rechazado este jueves el proyecto de presupuesto municipal para el año 2025. El grupo municipal popular ha votado en contra de la propuesta presentada por el gobierno de Abel Caballero por, principalmente, “no devolver a los ciudadanos lo que recauda con impuestos”.

La concejala Patricia García ha recordado la subida del 4% que se aplicará en 2025 en las tasas locales, que dará continuidad al otro 4% que ya han afrontado los vigueses en 2024. Una decisión “descarada e irrespetuosa” que se agrava más teniendo en cuenta el “mediocre” grado de ejecución que arrastra cada año el presupuesto municipal, del 45% al cierre del tercer trimestre del presente ejercicio.

La representante popular defendió las propuestas planteadas por el PP, como la inclusión de partidas para crear una oficina municipal de vivienda, dado que Vigo es una de las pocas ciudades españolas que no cuenta con un organismo de este tipo. Igualmente, ha ahondado en la necesidad de ejecutar un plan de apoyo al comercio local, ha abogado por mantener las ayudas de 205 euros a las familias y ha pedido aumentar el gasto social hasta los 30 millones, entre otras medidas.

En lo que relativo a inversiones, ha puesto de relieve la “repetición” de partidas para proyectos que ya se tenían que haber ejecutado. Es el caso de la Avenida de Madrid, el Mercado de Teis, las pistas de atletismo de Balaídos o las viviendas de Esturáns financiadas con fondos europeos otorgados por la Xunta. Asimismo, ha reiterado que el gobierno de Caballero congela su aportación para el próximo año, dejándola nuevamente en 26 millones de euros. Tal y como ha expuesto, el aumento que se produce en el total de este capítulo, hasta los 44 millones, “se debe al esfuerzo otras administraciones”, en especial la Diputación de Pontevedra.

La concejala popular también ha denunciado que las cuentas previstas para 2025 no resuelven la “precariedad laboral” que sufre una parte del personal que trabaja en el Ayuntamiento de Vigo. Patricia García ha puesto en duda que el actual proceso de estabilización “sea suficiente para resolver la temporalidad existente”. Por ello, ha abogado por “consolidar plazas” y “reducir la contratación temporal” para “garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía”.

En otro orden de cosas, ha criticado las “subvenciones paupérrimas” que se destinan al deporte, la “escasa apuesta” por las políticas culturales o la falta de una estrategia sólida para fomentar una movilidad respetuosa con el medio ambiente.

“Esta enmienda no solo critica la gestión actual sino que propone una visión de futuro para Vigo, centrada en la innovación, la sostenibilidad y el bienestar. Para que Vigo prospere, debemos apostar por políticas responsables y planificadas, que permitan transformar nuestra ciudad en un espacio más inclusivo, próspero y preparado para los desafíos globales que están por venir”,  finalizó

ENMIENDAS PARA “CREAR UN TITULAR”

Patricia García se ha referido igualmente a las enmiendas presentadas por el segundo grupo de la oposición en el Concello, encaminadas a “crear un titular”. Tal y como ha evidenciado, las propuestas del BNG introducen nuevos gastos sin detraer correctamente otros. “Resultan inviables debido a razones estructurales y financieras que dificultan su ejecución práctica”, ha explicado.

En este sentido, ha alertado de que muchas de las partidas que se eliminarían ya están comprometidas contractualmente, por lo que la retirada que plantea el Bloque Nacionalista Galego llevaría al Ayuntamiento de Vigo a los tribunales, con “penalizaciones y costes adicionales por rescisión”. Es el caso de la anualidad completa para contar con luces decorativas en Navidad, la ruta aérea a Londres o los viajes de inmersión lingüística a Reino Unido e Irlanda.

Asimismo, la concejala popular ha criticado que se quieran retirar del presupuesto municipal partidas como la destinada a reformar la Avenida de Madrid. Además, ha advertido de la “complejidad legal” y la “elevada inyección financiera” que conllevarían los rescates de determinados servicios municipales.

“Incluyen proyectos que producen un desequilibrio económico sin garantizar una financiación sostenible, lo que podría generar un déficit presupuestario”, resumió.