El PP sospecha que se ha alterado fraudulentamente el expediente administrativo de O Marisquiño para “tapar las vergüenzas del Gobierno local”

  • El diputado autonómico y portavoz de la Comisión, Alberto Pazos, recuerda que el Concello denegó la documentación al Parlamento de Galicia y que solo han podido acceder a ella mediante una petición a título personal “bajo el amparo de la Ley de transparencia”
  • Señala que el expediente administrativo recibido presenta “importantes diferencias” con respecto al que se facilitó a la oposición en Vigo, existiendo documentos con fecha de entrada anterior a la solicitud de copia del expediente que prueban que el Concello “ocultó esa información”
  • Lamenta que el acalde “engañase a la Comisión y los ciudadanos” ocultando la incorporación de documentos al expediente de forma irregular, ya que en ellos no consta “ni sello de entrada, ni registro electrónico, ni email que justifique su envío”: “Mintió en sede parlamentaria, a los ciudadanos y a las víctimas”
  • Recuerda que los artículos 502.3 y 390 del Código Penal establecen penas de prisión por “faltar a la verdad en sede parlamentaria o cometer falsedad por una autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones”

El portavoz del Grupo Popular en la comisión de investigación sobre el accidente del Marisquiño, Alberto Pazos, destacó hoy que, una vez recibida y analizada la documentación que solicitó a nivel personal, junto a la también diputada Teresa Egerique, sobre este suceso, “se puede constatar que se ha alterado fraudulentamente el expediente administrativo municipal de este festival, en un intento desesperado de tapar las vergüenzas del Gobierno local”.

Alberto Pazos ha recordado esta mañana en Vigo que “en el día de ayer finalizó la fase de comparecencias del Plan de Trabajo de la Comisión de Investigación sobre el Marisquiño, con la comparecencia del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda”. “Ahora empieza la fase de elaboración de la ponencia con las conclusiones, aunque estamos a la espera de recibir toda la documentación solicitada, entre la que vamos a incorporar la que nos ha facilitado a nivel personal el Concello de Vigo, que solicitamos al amparo de la Ley de Transparencia después de fuera negada de forma incomprensible al Parlamento de Galicia”.

En este marco, Alberto Pazos ha señalado que tras realizar una lectura general del conjunto de la documentación y un estudio pormenorizado del expediente de O Marisquiño facilitado ahora por el Concello, este presenta “importantes diferencias” con respecto al que se facilitó a la oposición en Vigo y que la portavoz popular, Elena Muñoz, proporcionó a su vez al Parlamento.

Así, el portavoz de la Comisión ha revelado que existen documentos con fecha de entrada anterior a la solicitud de copia del expediente realizada por los grupos de la oposición en Vigo, por lo que se prueba que “el Concello de Vigo ocultó esa información ya que no les fue entregada en ningún momento”.

Entre estos documentos se encuentran un primer registro en el Concello de Vigo del Plan de Autoprotección, que el alcalde intentó hacer pasar en su comparecencia en el Parlamento como la solicitud de autorización del evento; la solicitud para realizar entrenamientos y pruebas de descenso por el Casco Viejo, solicitando cortar el tráfico para montaje de rampa de llegada; un e-mail con el Plan de Autoprotección; otro e-mail con la convocatoria de reunión de coordinación de seguridad; e-mail de agradecimiento y notificación de horarios y plano definitivo, y distintos informes sobre actuación en el accidente por parte de Bomberos, Policía Local y Protección Civil.

Incorporación irregular de documentos
Alberto Pazos ha lamentado también que Caballero haya “intentado engañar a la Comisión de Investigación y a los ciudadanos al ocultar que otra serie de documentos fueron incorporados al expediente municipal de forma irregular”, ya que en ellos no consta “ni sello de entrada, ni registro electrónico, ni email que justifique su envío”.

En este paquete de documentos figuran el seguro de responsabilidad civil; la declaración jurada del promotor; la declaración responsable del escenario del concierto, carpa de sonido, bares y estructuras anexa, y la certificación de estructuras firmada por el técnico competente.

“El alcalde mintió en sede parlamentaria, mintió a los ciudadanos y mintió a las víctimas”, incide Pazos, recordando que todos estos documentos fueron mostrados por Caballero en su comparecencia mientras afirmaba que toda esta documentación “fue recibida por red y acreditada su entrada de forma telemática”.

El diputado popular ha criticado que el alcalde ignorase las obligaciones de recabar “las certificaciones que garantizaban la seguridad de las estructuras” y ha cuestionado que “si todos estos documentos son posteriores a lo que el propio Concello define como autorización del evento, -que no es más que una autorización para el descenso y los conciertos-, acaso ¿se dio primero la autorización y se comprobaron los requisitos después?”. “¿Dónde están los certificados de las instalaciones? ¿Los boletines de conexión eléctrica? ¿La documentación de los puestos de restauración, escenarios y gradas?”, ha preguntado Pazos, incidiendo en que Caballero “permitió el mayor evento deportivo de Galicia sin hacer las comprobaciones pertinentes”.

Responsabilidad penal
En este marco, Alberto Pazos le ha recordado al alcalde que el artículo 502.3 del Código Penal establece penas de presión de seis meses a un año por faltar a la verdad en comisión parlamentaria y el artículo 390, que castiga con penas de tres a seis años e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años a “la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones cometa falsedad”.

“Vamos a seguir trabajando y seguiremos informando. Además, pondremos a disposición de la Fiscalía la comparecencia del alcalde en la Comisión de Investigación para que valore la necesidad de tomar las medidas que correspondan”, ha subrayado, a la vez que ha manifestado su deseo de que la próxima edición del evento se celebre “con las condiciones de seguridad que el gobierno de Abel Caballero ignoró por completo en la última edición y que afortunadamente no será la última”.

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