COMUNICADO

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Tras la sentencia de la Audiencia Provincial en el caso del enchufe de la cuñada de la señora Carmela Silva, que condena a Francisco Javier Gutiérrez Orúe, jefe del servicio de Participación y Atención Ciudadana del Concello de Vigo, a 5 años y 3 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación; y a Ramón Comesaña Alonso, exgerente de la concesionaria municipal Imesapi, a 1 año y 6 meses de prisión y 2 años y medio de inhabilitación absoluta; el Partido Popular de Vigo quiere manifestar lo siguiente:

Primero. Que dicha sentencia considera probados que estas dos personas urdieron un plan “con objeto de beneficiar económicamente a Vanesa F.B., persona vinculada familiarmente a un miembro de la Corporación Municipal de Vigo”.

Segundo. Que dicho plan perseguía la contratación de esta mujer, cuñada de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, “de una forma oculta y al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo”.

Tercero. Que estos hechos son gravísimos, porque estamos hablando de la contratación, sin motivo ni justificación, de una familiar directa de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo y presidenta de la Diputación de Pontevedra.

Cuarto. Que después de 4 años de instrucción y de juicio no se ha producido ningún tipo de explicación por parte ni del alcalde de Vigo, Abel Caballero, ni de la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, ni del concejal directamente responsable del jefe de servicio ahora condenado, Santos Héctor.

Quinto. Que nos parece de una gravedad extrema que se haya utilizado dinero público de todos los vigueses para contratar a una persona cuyo trabajo no era necesario, y que además no realizó nunca, con el único objetivo de beneficiarla económicamente por ser cuñada de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento.

Sexto. Que esta demoledora sentencia hace insostenible la situación de la señora Carmela Silva como primera teniente de alcalde de Vigo, y del señor Santos Héctor, concejal responsable del jefe de servicio condenado.

Séptimo. Que al margen de las responsabilidades judiciales, en este caso existen responsabilidades políticas palmarias y evidentes.

Octavo. Que las responsabilidades públicas no están para colocar a familiares, sino para respetar a todos los ciudadanos y actuar de acuerdo con la legalidad y con las máximas exigencias de honorabilidad.

Noveno. Que ni la teniente de alcalde ni el concejal responsable pueden permanecer en el cargo ni un minuto más.

Décimo. Que el momento de las explicaciones políticas ya ha pasado, y ahora es el momento de la toma de decisiones, resultando la única solución digna, posible y de respeto hacia todos los vigueses, la petición pública de perdón y la dimisión inmediata de ambos cargos públicos.

Undécimo. Que cualquier otra decisión sería una traición a la confianza que los vigueses han depositado en el Partido Socialista de Vigo.

Duodécimo. Que el alcalde de Vigo debe exigir esa dimisión de forma inmediata para intentar mantener la honorabilidad de su gobierno y la suya propia, que en este momento está gravemente dañada.

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