El PP urge al Gobierno local a acometer las inversiones necesarias para “garantizar la calidad y la potabilidad del agua en todo Vigo”

  • El concejal Miguel Fidalgo subraya que han presentado una moción para el pleno de mañana reclamando “actuaciones pendientes desde hace años” para “modernizar la red de abastecimiento de agua, especialmente en los colegios públicos”
  • Pregunta a Caballero a qué se han destinado los “450 millones que los vigueses hemos pagado a Aqualia desde que es alcalde”: “Queremos todos los documentos, informes y facturas que justifiquen el gasto”
  • Denuncia un “problema generalizado” en las infraestructuras de abastecimiento de agua, con “una potabilizadora obsoleta, una red de cañerías obsoleta, y unos depósitos también obsoletos”
  • Considera “intolerable” lo que está sucediendo en Vigo con la “connivencia y el silencio cómplice del alcalde con la concesionaria, hasta el punto de ocultar información aún a riesgo de la salud de niños y vecinos”

El concejal popular, Miguel Fidalgo, ha urgido hoy al Gobierno local a acometer “inmediatamente” las inversiones necesarias para “garantizar la calidad y la potabilidad del agua en todo Vigo”. En este sentido, apunta, su grupo ha presentado una moción para el pleno de mañana reclamando al ejecutivo las “actuaciones oportunas y básicas” para “modernizar la red de abastecimiento de agua, especialmente en los colegios públicos”.

No en vano, y como ha recordado Fidalgo, un informe del Laboratorio Municipal del día 12 de diciembre destapado por el Partido Popular revelaba la existencia de agua no potable en un colegio público de Canido, con valores similares de hierro a los arrojados por otras analíticas de Aqualia y de la Xunta en la misma zona. “Estos y otros hechos conocidos en los últimos días demuestran dos cosas: que el alcalde miente y oculta información, y que tenemos un problema grave con la calidad del abastecimiento de agua en Vigo”, ahonda.

Una situación que se produce pese a que, como relata, cada año los vigueses pagan a Aqualia alrededor de 45 millones de euros. De esta cifra, según apunta el propio informe de la Dirección de ingresos municipal, debe destinarse a inversiones un 40%. “Desde que Caballero es alcalde, le hemos pagado a la concesionaria 450 millones. De esos, según este porcentaje, 180 millones deberían haberse invertido en la mejora de infraestructuras hidráulicas. ¿Dónde está ese dinero; y en qué se van a invertir los 18 millones que corresponden a 2018?”, se ha cuestionado Fidalgo.

Informes de Aqualia pendientes

A este respecto, el concejal popular ha señalado que Vigo tiene un “problema generalizado” en el sistema de abastecimiento. “Tenemos casos de agua no potable en colegios públicos de Teis y de Canido, y analíticas en la misma línea en este último barrio. Caballero está jugando con la salud pública de los vigueses, por eso queremos que mañana nos muestre todos los documentos, informes y facturas que acrediten las inversiones realizadas en la red”, ahonda.

En esta línea, Fidalgo Iglesias ha confiado en que el gobierno entregue mañana toda la documentación, y no les obligue a hacer lo mismo que con los informes de Aqualia, de los que siguen sin recibir los correspondientes a noviembre y diciembre de este año pese a haber reiterado la solicitud al Concello y a la concesionaria del agua.

Asimismo, ha recordado que ya en 2010 Aqualia urgía a invertir 21 millones en la potabilizadora municipal, “de competencia municipal como establece la Ley de Régimen local, el inventario municipal, y el sentido común de los vigueses, que saben que es Aqualia a quien le pagamos el recibo para algo”. “Ese informe lleva años encima de la mesa del alcalde, e igual que otro de 2017, constata que tenemos una potabilizadora obsoleta, una red de cañerías obsoleta, y unos depósitos también obsoletos. Sabe desde hace tiempo la urgencia de estas inversiones y ha preferido gastarse el dinero en lo que se ve”, añade.

Por todo ello, el concejal popular ha calificado como “intolerable” lo que está sucediendo con el agua de Vigo. Circunstancia que se produce, denuncia, “con la connivencia y el silencio cómplice del alcalde con la concesionaria, hasta el punto de ocultar información aún a riesgo de la salud de niños y vecinos”.

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