El PP demanda al alcalde por vulneración de derechos fundamentales al “ocultar información” tras casi 30 incumplimientos en lo que va de legislatura

  • La portavoz popular Elena Muñoz explica que la querella se presentó el 27 de noviembre -“con la máxima discreción, aunque posibles filtraciones nos obligan a hacerlo público”- siendo admitida a trámite el pasado 13 de diciembre
  • Cita entre la información no entregada, o remitida fuera del plazo legal, las analíticas del agua, la prórroga del contrato de Aqualia, las obras de Balaídos o el accidente del Marisquiño: “Este fue el punto de inflexión; hasta ahí podíamos llegar”
  • Lamenta tener que judicializar la vida política, pero “no nos han dejado otro camino ante las continuas negativas a darnos información”: “Los vigueses tienen derecho a conocer y a que se defiendan sus derechos”
  • Explica que los hechos denunciados figuran en el artículo 542 del Código Penal, que engloba delitos contra el ejercicio y otros derechos cívicos por parte de autoridad o funcionario público
  • Apunta que, tras la apertura de las diligencias previas, el secretario del ayuntamiento ha sido ya citado para declarar en calidad de testigo el 26 de febrero

La portavoz popular Elena Muñoz ha anunciado hoy que su grupo municipal ha presentado una demanda contra el alcalde de Vigo por vulneración de derechos fundamentales al “ocultar información” solicitada, tras casi 30 incumplimientos en lo que va de legislatura.

Dicha demanda, tal y como ha indicado la popular, ha sido admitida a trámite por el juzgado tras “presumir la posible existencia de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos” y ya se han empezado a practicar las diligencias previas citando al secretario del ayuntamiento de Vigo para declarar en calidad de testigo el próximo 26 de febrero.

En su comparecencia, Elena Muñoz ha explicado que en todo momento se ha pretendido tratar la querella presentada el pasado 27 de noviembre y admitida a trámite el viernes 13 de diciembre, “con la máxima discreción”, aunque debido a “que nos han llegado filtraciones”, se ha visto obligada a hacerlo público.

“Insisto en que queríamos llevarlo con absoluta discreción, no es la vía que queríamos haber tomado ya que confiamos en el funcionamiento democrático de las instituciones, pero este es el único camino que nos ha dejado el alcalde”, ha lamentado Elena Muñoz, señalando como causa principal las dificultades que el gobierno local pone para el acceso a la información de los grupos de la oposición.

La líder de los populares ha citado entre la información no entregada, o remitida fuera del plazo legal, temas tan importantes para los vigueses como las analíticas del agua; la prórroga del contrato de Aqualia –con unas condiciones no facilitadas a la oposición-; el alcance de las obras del estadio de Balaídos; el procedimiento de contratación del parking de la Plaza de Portugal o el expediente sobre el accidente de O Marisquiño. “Este fue el punto de inflexión; hasta ahí podíamos llegar”, ha incidido Elena Muñoz, recordando que para acceder a este último, han tenido que recurrir a la amenaza de acudir a los tribunales y “aún así no recibimos la totalidad de la documentación”.

En este sentido, la popular ha lamentado tener que judicializar la vida política, pero ante las constantes negativas a la hora de facilitar información del gobierno local, ha declarado que “no nos han dejado otro camino”. “Los vigueses tienen derecho a conocer y a que se defienda sus derechos”, ha apuntado, subrayando que los grupos de la oposición “están legitimados por los votos de los vigueses, igual que lo está el gobierno, a acceder a la información”. Así, ha criticado que “se pisoteen los derechos” de la oposición: “No hay nadie que sea dueño de las instituciones ni que esté por encima de la ley”.

La portavoz popular ha explicado que los hechos denunciados figuran en el artículo 542 del Código Penal, que engloba delitos contra el ejercicio y otros derechos cívicos por parte de una autoridad o funcionario público. “Esta obligación de facilitar información está siendo incumplida reiteradamente por el gobierno local y nos impide hacer nuestra labor democrática de control del gobierno”, ha detallado la popular.

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